Diario Plaza 109 diciembre 29, 2019
Una asamblea de asambleas en el valle de Uspallata
Movimientos sociales y ambientalistas se reunieron para un balance y planificar los próximos pasos «hasta que la derogación esté en el Boletín Oficial».

Desde Mendoza

Mendoza se despide de la semana más agitada de su historia reciente. Todo sucedió en ocho días. La votación exprés que, para dar luz verde a proyectos mineros contaminantes, intentó desplazar una ley conseguida hace más de una década gracias a la lucha popular. Una movilización que reunió a 50 mil personas de muchos de los 18 departamentos de la provincia y que terminó con represión. La promulgación por parte del gobernador Rodolfo Suárez de la modificación a la Ley 7722, ignorando el transversal y encendido reclamo, al día siguiente de aquella masiva marcha. El pueblo continuó en las calles y reunido en asambleas y el funcionario entonces suspendió la reglamentación de la nueva norma, con el supuesto propósito de llamar al diálogo. Esto tampoco conformó a los manifestantes. Bajo la consigna “Tambores por el Agua”, se desarrolló otra marcha contundente el jueves. Finalmente este viernes, en Kilómetro 0, hubo festejos pasadas las 21: Suárez anunciaba que iba a derogar la ley minera 9209.
Si bien el grito fue unánime el viernes en las calles céntricas de la capital, si bien hubo abrazos, saltos, aplausos y hasta lágrimas, decir “festejos” es un modo de simplificar. Es que lo que se percibe tanto en la ciudad como en la virtualidad –fundamental en la organización del pueblo por estos días– es una total y válida desconfianza hacia la clase política. Por lo visto, nadie festejará del todo mientras la derogación no sea plasmada en el Boletín Oficial. Los trabajadores de distintos sectores, los ambientalistas, artistas, desocupados, jubilados, los maestros y estudiantes; los niños, adolescentes y adultos que durante una semana corearon que el agua de Mendoza no se negocia, que se definieron más que nunca como “hijos del agua” y reivindicaron la herencia de los pueblos originarios en esta materia, se han sentido, de mínima, ninguneados. Una gestión recién llegada los tildó de violentos y desinformados e intentó borrar de un plumazo una de sus conquistas más relevantes, un bastión en defensa del medio ambiente. No pudo.

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“Cianuro igual muerte”, sentencian con aerosol las paredes de la ciudad, que también incluyen pintadas contra Suárez y los legisladores. ¿Cómo se explica semejante rebelión y organización popular? La cultura del agua, impregnada tanto de los saberes de los pueblos originarios como de los científicos, se refleja aquí en dichos populares como el que asegura que “por las venas de los mendocinos corre agua”. “Todos los ambientes somos hijos del agua, pero éste es un lugar en que hay una artesanía del agua. Han querido romper el hilo del cual pende nuestra vida. Todo esto está en una memoria ancestral. Se está recuperando, la gente lo está viviendo. Se ha despertado esa conciencia”, aseguró María Teresa “Guni” Cañas, de la Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza. En las manifestaciones llamaba la atención la fuerte presencia de maestros y estudiantes, quienes contaban que desde cuarto grado en las escuelas se enseña a cuidar el recurso (aquí prefieren llamarlo “bien”), en una provincia que se encuentra hace 11 años en emergencia hídrica. Por eso, el intento de desterrar la 7722 fue visto como una paradoja para nada sutil por educadores y jóvenes.
Lo cierto es que, se trate de cultura del agua o de intereses, el reclamo puso en la misma vereda a sectores que de otra manera no lo estarían, despertando la adhesión del Arzobispado, la Unión Comercial e Industrial de Mendoza y la Comisión de Reinas de la Vendimia, que instó a la cancelación de las fiestas departamentales.
La movilización continuará hasta que se restablezca definitivamente la 7722, algo que podría suceder el lunes en la Legislatura en el marco de una sesión extraordinaria. Continuará, en realidad, más allá de ese episodio tan de coyuntura como histórico. Porque lo que saben aquí los miles de vecinos movilizados es que si ellos no actúan y se muestran atentos es posible que, de nuevo, arrasen con sus derechos. “Hay que seguir movilizando eternamente. Los cambios son acumulativos para pasarlos a la próxima generación, y siempre el poder político va a estar traccionando para hacer la zancadilla al pueblo”, apuntó Cañas. Hay temores activos, como los que genera el Proyecto San Jorge en Uspallata. Lo encara una empresa de capitales rusos que aprovechó el hueco entre la promulgación y la derogación de la 9209 para avanzar en sus intenciones de explotar cobre, plata y oro.
El “banderazo popular” convocado previamente a la derogación continúa en pie para este domingo. Será “plurinacional”, está invitado todo el país, e incluirá la confección de una bandera que recorrerá toda la ruta 40 uniendo a los pueblos que la cruzan, como San Carlos, Tunuyán y Tupungato. En tanto, el lunes, habrá una concentración en la Legislatura para acompañar el tratamiento de la ley que derogue la votada atropelladamente en un acuerdo entre el oficialismo (Cambia Mendoza) y la oposición (PJ y kirchnerismo) y que generó un gran descontento en medio del clima de fin de año.

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Este sábado, aparte de movilizaciones en diferentes puntos, se desarrolló la madre de las asambleas en el valle de Uspallata, un lugar soñado, enclavado entre la precordillera y las montañas. Por estos días la ciudad –zona militar y de puesteros, por la que pasó el ejército sanmartiniano– recibe al visitante con una bandera argentina que advierte: “Sin licencia social no hay minería”. Otra sentencia: “Los caminos del vino empiezan en los senderos del agua”. En la entrada del pueblo hay un centro cultural de colorida fachada, en un edificio que hasta hace un año y medio era un casino. Había abierto como tal cuando el Proyecto San Jorge arribó a la zona. La asamblea del pueblo influyó para que la Municipalidad le diera otros fines.
En un camping prestado se reunió la Asamblea Popular por el Agua Pura (AMPAP), que tuvo un rol protagónico en la batalla, puesto que nuclea a las asambleas de toda la provincia. Son “tábanos de concientización”, en palabras de Cañas, pero no separados del “pueblo curioso” sino parte de él. Espacios de diferentes edades e historias, casi siempre al margen de cuestiones partidarias, con problemáticas locales que se entrelazan en una común. Los movimientos pioneros son los de San Carlos y General Alvear, principales impulsores de la Ley 7722, aprobada en 2007 y declarada constitucional por la Corte Suprema en 2015. A partir de ese momento, se fueron replicando en los distintos departamentos del territorio provincial. Reunidos en ronda después de viajar varios kilómetros, representantes de Gran Mendoza, Las Heras, Maipú, Luján, Godoy Cruz, San Carlos, Tupungato, Tunuyán y San Rafael, entre otros, analizaron lo conseguido y debatieron los pasos a seguir. Los del pueblo anfitrión, aparte de conseguir la locación, prepararon un guiso de arroz y vegetales en una olla popular.
El río Mendoza surca esta ciudad del departamento de Las Heras y evidencia en estos días de diciembre una faceta muy poco caudalosa, que no es otra cosa que un botón de muestra de la emergencia hídrica. Según un informe del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), Mendoza enfrenta el período de sequía más largo en 110 años. Es en este contexto que el pueblo decidió no aceptar una ley que amenazaba con contaminar la poca agua que posee.
A 30 kilómetros del punto de encuentro de los asambleístas se halla la minera de capitales rusos que pretende desarrollar el Proyecto San Jorge, rechazado en 2011 por la Legislatura. Es la primera alarma que se encendió cuando fue aprobada la ley 9209. Y esta semana, entre que se promulgó y fue anunciada la derogación, la minera presentó un informe de impacto ambiental. En la población hay temor de que esa “ventana” permita finalmente el desarrollo del proyecto. Los locales de Uspallata están empapelados de carteles que le dicen no al emprendimiento. “Tomamos conocimiento por la declaración de una funcionaria a los diarios, vamos a buscar documentación y corroborar esto. Intuimos que tienen dos proyectos, uno con ácido sulfúrico y otro con xantato. Este último no está específicamente mencionado en la ley (7722), pero logramos demostrar que está vinculado al ácido sulfúrico químicamente”, explicó Federico Soria, de la Asamblea por el Agua de Uspallata, a este medio.
La minera lo viene intentando hace 12 años pero nunca logró tener actividad en la zona. “Hay representantes de ella que van casa por casa preguntando qué necesita la gente. Lo que piden se los dan, con la condición de que cuando la minera tenga licencia social tendrán que trabajar para ella. Han apadrinado una escuela del barrio más pobre; le construyeron el edificio a una unión vecinal”, aseguró Soria. El suele circular cerca del amplio predio de la minera todos los días y siempre ve a Adriana Schmutz, su encargada, “persona no grata del pueblo”. El activista relató que, días atrás, la mujer mandó a una niña discapacitada a sacar fotos a los asambleístas, “a cambio de 100 pesos y un helado”. Pueblo chico, infierno grande, dicen. Desde el estallido mendocino, en Uspallata se realizó una marcha por día. Las más grandes con caballos y tractores.
Una de las más jóvenes de la ronda era Ludmila Videla, 24 años, de San Carlos. Quizá cuando se escriba la Historia, este departamento –del que es oriundo Suárez– sea recordado por el encuentro en que los vecinos pusieron férreas condiciones al gobernador para el diálogo y por la caminata que desde allí partió el domingo 22 y derivó en la masiva marcha del lunes 23. Les Pibes Autoconvocades se llama la asamblea de la que forma parte Videla, conformada en su mayoría por estudiantes, “hijes o nietes de la gente que luchó en su momento por la 7722”. Esta agrupación fue la autora del petitorio entregado al Ejecutivo mendocino para que diera marcha atrás en su avanzada contra la ley. “Estos días de lucha limamos las asperezas con los más grandes del pueblo, que no coinciden con nuestras posiciones en torno al aborto o la religión. Festejamos Navidad en la ruta y vino mucha gente. Ni la violencia nos pudo frenar. La alegría mantuvo a la gente en la calle, y no nos vamos hasta que esto aparezca en el Boletín Oficial”, manifestó Videla. Al momento del cierre de esta nota, la AMPAP armaba un comunicado con las conclusiones del encuentro.

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Por otra parte, las noticias que vienen llegando de Malargüe hablan de una comunidad que está pidiendo a los legisladores la exclusión de esa localidad de la derogación de la ley 9209 para que allí se puedan desarrollar procesos mineros, aunque sin cianuro. Este viernes hubo dos cortes de tránsito que bloquearon la ruta nacional 40. El vocero del reclamo es el presidente de la Cámara de Comercio y Minería local, Gustavo Miras. Desde la Coordinadora de Malargüe por el Agua y el Ambiente aclararon que “la postura de la Cámara no es la del pueblo, sino la de un grupo de empresarios que se representa a sí mismo y está hablando por todos”. “Queremos discutir modelos de desarrollo que integren diversas actividades sustentables en el tiempo, como la agricultura, la ganadería y el turismo. No estamos en contra de la minería; no queremos que nos pongan en esa dicotomía. Sí de la que utiliza sustancias tóxicas”, aseguraron. Como un ejemplo de que la actividad no garantiza “lluvia de empleo”, recordaron el caso de la minera brasileña Vale, que hizo sus tareas de exploración, generó expectativas y “de la noche a la mañana cerró sus puertas porque bajó el precio del potasio”. Finalmente, denunciaron que “los controles ambientales son escasísimos”.
Esta semana Mendoza hizo historia. Y por estas horas la sigue escribiendo. Pero a la vez que sigue marchando y debatiendo, el pueblo mendocino está enseñando otra cosa: a lo mejor no haya lucha que no sea eterna.