Héctor Timerman tenía razón. Este lunes 30 de diciembre se cumple un año del fallecimiento del ex canciller, quien siempre sostuvo que la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán fue un intento de avanzar en una causa paralizada, la del atentado contra la AMIA. Y pronosticó que no habría avances sin una iniciativa de esa naturaleza, buscando un acuerdo para que declaren los sospechosos iraníes. A casi siete años de la firma del Memorándum el 17 de enero de 2013, en el expediente AMIA se dieron muy pocos pasos, pero la parálisis actual tiene poco antecedentes: la Unidad Fiscal AMIA que condujo Alberto Nisman y busca a los responsables del atentado, está estancada; la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, que ayudaba en la búsqueda de los culpables, directamente fue borrada del mapa; el juicio que se está llevando adelante en Comodoro Py por la camioneta que estalló en la mutual judía parece que va a terminar en la nada y la deplorable causa del Memorándum, que registró la infame acusación por traición a la patria, finalizará indefectiblemente con absoluciones que incluso podrían producirse más rápido de lo pensado. “Lo único que avanza es mi cáncer”, decía Timerman en los meses anteriores a su muerte.

Memorándum

La causa del Memorándum tiene pendiente una prueba de máxima importancia. El expediente está elevado a juicio con Timerman, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Zannini y otros dirigentes acusados de encubrimiento. Se trata de la denuncia que hizo Nisman antes de morir. El centro de la acusación es que se buscó favorecer a los sospechosos iraníes y que la jugada clave preveía el levantamiento de las órdenes de captura con alertas rojas de Interpol que afectaban a esos sospechosos. Eso no ocurrió nunca, al punto que las alertas rojas siguen vigentes. Quien estaba a cargo de Interpol, el norteamericano Ronald Noble, dijo varias veces que la denuncia de Nisman era falsa y que Timerman siempre dejó en claro que las alertas rojas no debían levantarse.

Lo siniestro es que la denuncia se abrió en enero de 2017 y en tres años, la justicia y Cambiemos –con la complicidad de la DAIA– evitaron que Noble declare en la causa, con lo que se derrumbaría la denuncia. El Tribunal Oral Federal 8, a cargo de hacer el juicio, evalúa llamar a declarar al norteamericano en el primer semestre de 2020, durante lo que se llama la instrucción preliminar. O sea antes de empezar el juicio, que aún no tiene fecha prevista. Si esa declaración tiene el contenido que se anticipa, se produciría un verdadero tsunami, al punto que la acusación se volvería abstracta. Es lógico entonces que los imputados pidan su sobreseimiento. Habrá que ver qué dice entonces el fiscal Marcelo Colombo, que tiene el principal papel de acusador y se verá qué hacen los querellantes –abogados de Cambiemos y la DAIA– ante semejante cuadro. La DAIA viene amagando con retirarse de la causa y en la semana que pasó, el principal referente de los judíos religiosos, el rabino Samuel Levin, insistió en que la DAIA debía dejar el papel de acusador.

La última palabra la tendrán, por supuesto, los jueces Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Daniel Obligado, pero es una posibilidad que sobresean sin juicio. Es probable que no quieran afrontar un largo proceso en el que no hay posibilidad de condenar a nadie. En cualquier caso, tarde o temprano, la causa del Memorándum quedará en la nada, porque fue un tratado aprobado por las dos cámaras del Congreso y que ni siquiera tuvo vigencia nunca. Las pruebas, además, son inconsistentes, al punto que Nisman señaló al espía Alan Bogado como uno de los principales negociadores con los iraníes en Nueva York y Zurich, cuando nunca había salido del país. Se dice que varios de los imputados –Zanini, Luis D’Elía, Jorge Khalil y Fernando Esteche, que estuvieron en la cárcel; tal vez CFK y la familia de Nisman– reclamarán millonarias indemnizaciones civiles por lo que constituyó una auténtica persecución. De todas maneras, los querellantes tendrán que pagar igualmente millonarias costas a los abogados de todas las partes.

AMIA I

Sin demasiada cobertura se está llevando adelante el juicio contra Carlos Telleldín por supuestamente haber suministrado la camioneta que explotó en la AMIA. El cálculo es que el juicio terminará en mayo o junio, pero hasta el momento no se pudo avanzar ni un paso en las pruebas contra El Enano, como le decían a Telleldín. En el juicio quedó claro que Telleldín vendía camionetas y autos truchos, con un DNI a nombre de Carlos Teccedin, que el Registro de las Personas admitió que otorgó en forma equivocada. Pero lo que hay que probar es que él sabía que la camioneta se iba a usar para el atentado. Y en eso no se pudo acumular ni una prueba. A lo largo del juicio, nuevamente tres testigos –Miriam Salinas, Ariel Nitzcaner y Pablo Ibañez– quisieron relatar cómo fueron “apretados” por el juez Juan José Galeano y los fiscales, pero el Tribunal no tardó mucho en cortarlos. La lógica indica que Telleldín no terminará condenado, como ocurrió ya en el juicio anterior, en 2004, aunque luego la Corte Suprema anuló esa parte del fallo y ordenó un nuevo juicio, que es el actual.

AMIA II

La Unidad Fiscal de Investigaciones AMIA (UFI–AMIA), de la que fue titular Nisman, está estancada y con muy pocos avances. La última noticia es de julio de 2019, pero ni siquiera se produjo acá: el gobierno de Estados Unidos dio por buena la investigación de la Argentina y puso una recompensa de siete millones de dólares por la captura del sospechoso de haber coordinado el atentado, Samuel Salman El Reda. En tiempos de Nisman las confusiones fueron totales: El Reda era supuestamente colombiano, se llamaba Salomón, que en verdad era un hermano de Samuel, y toda la prueba que había –y sigue habiendo– proviene de los servicios de inteligencia extranjeros.

Cambiemos virtualmente desarmó la UFI-AMIA. Designó al fiscal Sebastián Basso, con lo que se disolvieron, de hecho, los equipos de tres fiscales armados en tiempos de Alejandra Gils Carbó. La investigación del atentado quedó en su momento en manos de Sabrina Namer, Roberto Salum y Patricio Sabaddini, luego hubo cambios y entraron Leonardo Fillipini y Santiago Eyherhabide. Esos equipos demostraron rápidamente la inacción y las ineficacias de Nisman por cuanto avanzaron varios casilleros en muy pocos meses. Identificaron mediante ADN, después de 22 años, a una víctima que estaba sin identificar, Augusto Jesús; demostraron con la tecnología moderna del microscopio de barrido electrónico que los pedazos metálicos encontrados en los cuerpos de las víctimas se correspondían con una camioneta Trafic y establecieron también que en los restos humanos había una persona cuyo ADN no se correspondía con los familiares de las víctimas, por lo que se supone que fue el suicida.

Los fiscales desnudaron una mentira de Nisman, quien tratando de sostener la hipótesis de que el atentado fue perpetrado por la organización libanesa Hezbollah, alineada con Irán, afirmó que el terrorista fue un joven llamado Ibrahim Al Ibrahim. Los fiscales cotejaron el ADN encontrado con la genética de un hermano de Ibrahim, y dio negativo. Ya Nisman había mentido diciendo que Abass y Hassan Berro, que viven en Detroit, declararon que su hermano fue el protagonista del atentado. Cuando se transcribieron los dichos de los Berro resultó que testimoniaron exactamente lo contrario: que Ibrahim murió en El Líbano en operaciones contra Israel. Hoy por hoy existe una especie de parálisis de la UFI-AMIA, algo que deberá ser abordado por quien sea designado procurador, posiblemente el juez Daniel Rafecas.

La Unidad AMIA funcionaba en el Ministerio de Justicia y apoyaba las investigaciones. Cambiemos directamente la disolvió después de la renuncia estruendosa del radical Mario Cimadevilla, quien acusó en forma explícita a Mauricio Macri y al ex ministro Germán Garavano por encubrimiento y por no querer investigar. Cimadevilla presentó un largo documento diciendo que toda la causa estaba direccionada por influencias de los gobiernos y los servicios de inteligencia extranjeros. La actual ministra, Marcela Losardo, y el viceministro, Juan Martín Mena, tendrán que tomar una decisión. Según trascendió piensan que el Estado no puede abandonar su papel en la investigación mientras el caso siga impune, por lo cual es de esperar que rearmen la Unidad.

Como se ve, el diagnóstico de Timerman fue preciso. No se avanzó en ningún terreno. Lo único que siguió su curso fue el terrible cáncer que ganó esa partida el 30 de diciembre de 2018 con la muerte del ex canciller.