Guzmán y el FMI calificaron el primer encuentro como positivo
Es la primera vez que los dos funcionarios se encuentran cara a cara, Guzmán ya como ministro de Economía. La anterior visita había sido antes de que Alberto Fernández lo designara en el cargo.
“Estamos analizando pasos a seguir para la negociación, es un proceso para resolver la crisis de manera integral”, aseguró el ministro, manteniendo el mismo hermetismo que exhibió el día anterior al salir de la reunión con banqueros e inversores privados. Cubbedu devolvió gentilezas y afirmó que el encuentro fue “bastante constructivo y productivo”. Guzmán confirmó que se reunirá con la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, durante su participación en un foro económico en Roma.
El proceso de reestructuración de la deuda incluye negociaciones con ambos tipos de acreedores, tanto a nivel nacional como provincial. En el caso de Nación, se requiere un preacuerdo con el Fondo que valide las negociaciones con los privados. Para ello el organismo que conduce Georgieva exige un programa económico, proyecciones de gastos y recursos, y de manejo de la política monetaria, una serie de aspectos que están supeditados al tipo de acuerdo que se alcance con los acreedores.
Según anticipó el equipo económico, la intención es llegar a un acuerdo con los tenedores de deuda bajo jurisdicción extranjera y extender la propuesta a los bonistas con papeles con ley local. El objetivo es realizar un canje que permite alargar los plazos de vencimiento y reducir la tasa de interés, lo que implicará una baja del valor presente de ese pasivo. El éxito en ese recorte es vital para poder proyectar las necesidades financieras futuras.
En estos términos presentó su propuesta Guzmán, quien estuvo secundado por el representante argentino para el Cono Sur ante el Fondo, Sergio Chodos. A Cubbedu lo acompañó la directora adjunta del Departamento para el Hemisferio Occidental, Julie Kozack.
Fue la primera reunión de alto nivel, más allá de los trabajos conjuntos que se llevan a cabo en Buenos Aires con los enviados del organismo instalados en el país desde 2018, cuando el macrismo firmó el stand by por 57.000 millones de dólares, de los cuales ya desembolsó 45.000 millones, la mayoría de los cuales terminaron fugándose.
